CAMINOS DE LA MUD. Por Julio César Moreno León—19-3.2016.

El pueblo otorgó a la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias del pasado
seis de diciembre un amplio mandato que le obliga y le permite encauzar una salida a la
grave crisis que sufre el país. Dicho mandato se expresó en la participación del 74.17 por
ciento del universo electoral y en una victoria aplastante que permitió a los candidatos de
la MUD obtener el 56.22 por ciento de los votos y los dos tercios de la representación
parlamentaria. Esos comicios fueron las elecciones legislativas nacionales con mayor nivel
de participación en los diez y siete años de régimen chavista, incluyendo al referéndum
consultivo de abril de 1999, así como a las votaciones  que eligieron la Asamblea Nacional
Constituyente y al referéndum aprobatorio que legitimó a la actual Constitución.
Los resultados del 6D rechazaron la gestión de Nicolás Maduro y manifestaron el deseo
mayoritario de sustituir al modelo totalitario en curso. La respuesta del gobierno ha sido la
profundización de las políticas que han causado la quiebra económica del país, los
conflictos sociales, la vulneración de los derechos constitucionales y la más espantosa
corrupción en nuestra historia republicana. En la medida en que el oficialismo pierde
apoyo popular centraliza más el poder, se refugia en las instituciones que aun  mantiene
secuestradas y en el respaldo de los mandos militares, para de esa manera perseguir a la
disidencia y restringir los escasos espacios democráticos.
La política de cercenamiento progresivo del Estado de Derecho se manifiesta en la
arbitraria intromisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones parlamentarias
de Amazonas. Esta medida marcó el inicio de una ofensiva en contra de la nueva
Asamblea, en contra de la soberanía popular ejercida a través del sufragio, e incluso en
contra del sumiso CNE que reconoció y proclamó a los diputados electos en esos comicios.
Así se estableció la supremacía del TSJ sobre el Poder Legislativo con el fin de  impedir que
la oposición ejerza la mayoría de dos tercios otorgada por el voto popular.
Tan evidente e indefendible ha sido el atropello cometido por la Sala Electoral, que la
Consultoría Jurídica del organismo presidido por la incondicional oficialista Tibisay Lucena,
ha tenido que ratificar la legalidad de esas votaciones, e invocar (de acuerdo con
sentencia del propio Tribunal Supremo del 14/7/2005) “la conservación del acto
electoral”. En otras palabras, no puede suspenderse la representación  emanada del voto
popular y proclamada por el organismo electoral competente, basándose en denuncias
que no han sido probadas de manera firme y definitiva. 
Continuando su tarea demoledora del orden jurídico, el Tribunal Supremo declara
“irrevocablemente incólume” el Decreto de Emergencia Económica que fue negado por la
Asamblea Nacional, violando así el artículo 339 de la Carta Magna que consagra al
parlamento como el órgano encargado de aprobar o improbar las emergencias decretadas
por el Ejecutivo, y violando  igualmente el artículo 34 de la Ley Orgánica de Estados de
Emergencia cuyo texto  establece de manera inequívoca que “el Tribunal Supremo de
Justicia omitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada
desaprobare el Decreto de Estado de Excepción o denegare su prórroga, declarando
extinguida su instancia”. Y finalmente la sentencia de la Sala Constitucional que cercena
prácticamente todas las facultades contraloras de la Asamblea, es otra de las decisiones
que conducen al cierre de las vías democráticas para dar forma definitiva a un régimen
dictatorial.   
La estrategia de acorralamiento al Poder Legislativo viene acompañada con discursos
amenazantes del Presidente,  de ministros y dirigentes del PSUV, y con la actitud violenta
protagonizada por grupos oficialistas que agreden físicamente a los parlamentarios de
oposición y logran interrumpir violentamente el 26 de febrero la discusión del Proyecto de
Ley de Producción Nacional, siendo esa misma tarde felicitados por el Presidente de la
República, quien en cadena nacional calificó el saboteo como un triunfo popular sobre el
parlamento burgués.
Mientras el gobierno intenta consolidar su control totalitario, la oposición responde
apelando a los espacios legales consagrados en la Constitución. Sin embargo, a pesar del
grave momento que vive el país, los dirigentes de la Unidad no encontraron una respuesta
común para enfrentar el reto que tienen planteado. Y ante la imposibilidad de acordar una
sola política decidieron poner en marcha todas las propuestas que los distintos grupos han
asumido como banderas parciales.
Enmienda, revocatorio, asamblea constituyente y renuncia,  son  fórmulas planteadas por
los distintos partidos que integran la MUD. Todas ellas buscan la sustitución de Maduro y
la  convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Y todas tienen ante sí difíciles
obstáculos  colocados por el distorsionador aparataje institucional convertido en trinchera
del chavismo. 
La propuesta de enmienda cuenta para su aprobación con la mayoría parlamentaria de
acuerdo con el artículo 341 constitucional. Si todo fuera color de rosa, también de
acuerdo con ese mismo artículo, el organismo electoral a los treinta días de recibido
formalmente el proyecto debería someterlo a la consulta popular. Dice además la
Constitución en su artículo 346 que el Presidente de la República estará obligado a
promulgar la enmienda dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. Sucede sin
embargo, que tratándose de un cambio en la Carta Magna con el fin de recortar el actual
período gubernamental, la Sala Constitucional actuará seguramente como celoso guardián
del régimen sentenciando la inconstitucionalidad de tal iniciativa.   
El referéndum revocatorio, establecido en el artículo 72 de la Constitución, señala que un
20 por ciento de inscritos en el REP, podrá impulsar la revocación del mandato de
funcionarios públicos electos popularmente. Y establece que con un mínimo del 25 por
ciento de votantes, los resultados del proceso comicial serán válidos, ocurriendo la
sustitución solicitada si el número de votos en contra del mandatario cuestionado es
mayor al que obtuvo a su favor en el momento de su elección. A esas condiciones, el
Tribunal Supremo en sentencias dictadas en octubre y en diciembre de 2003, adicionó
otra según la cual, no sólo una mayoría de votos superior a las que le llevó al cargo es
suficiente para revocar al funcionario. Además es necesario que el número de sufragios a
favor de la revocación sea superior a la de quienes la votaron negativamente.  Así dice el
TSJ en la sentencia 2750/2003:   “…en ese proceso democrático de mayorías, incluso si en
el referéndum obtuviese más votos la opción de su permanencia, debería seguir en él,
aunque voten en su contra el número de personas para revocarle el mandato”. *
Con el fin de garantizar la transparencia en la aplicación del mecanismo refrendario, la
Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley  Orgánica de
Referendos. Se trata de llenar el vacío legal dejado por la anterior Asamblea Nacional
oficialista, que le permitió al TSJ entregar al CNE la facultad de redactar normas favorables
a los intereses continuistas del gobierno.
El proyecto impulsado por Primero Justicia precisa los pasos a darse en los sufragios
relacionados con reformas y enmiendas constitucionales, revocatorio de mandatos y
Asamblea Constituyente. Regula además  los referendos abrogatorios, aprobatorios de
leyes, y consultivos, y deroga los reglamentos del CNE dictados en ausencia de la
legislación respectiva. 
Para los revocatorios nacionales el instrumento legislativo propuesto establece que
durante 8 días continuos a partir de la fecha de inicio de recolección de adhesiones, deben
acudir personalmente a firmar, mostrar su cédula de identidad y colocar su huella digital,
en centros de registros biométricos que el CNE instalará en todo el país, un número de
ciudadanos no menor al 20 por ciento del último Registro Electoral. La cantidad de estos
centros no podrá ser inferior a 2 mil, y para su ubicación se escuchará la opinión de los
promotores de la iniciativa refrendaria. Por lo tanto, la oposición debe contar en los 8 días
continuos que establece el Proyecto de Ley con cerca de 4 millones  de ciudadanos que
repartidos en esos 2 mil centros equivaldrían a un mínimo de 2 mil personas a firmar en
cada uno de ellos. Tarea ciertamente posible si tomamos en cuenta la capacidad de
movilización de la maquinaria de la Unidad y el entusiasmo que produce en la colectividad
lograr la salida de Maduro y su gobierno.
Otro aspecto a considerar es que la recolección de adhesiones se realiza en los centros
oficiales del CNE, respaldadas con las firmas y las impresiones digitales respectivas y con la
presencia de testigos acreditados que levantarían las actas del proceso. Este
procedimiento impide el argumento de las firmas planas y obliga al reconocimiento oficial
de los resultados finales
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la opción revocatoria tendrá que
conseguir una aprobación superior a los 7.505.3038 sufragios que obtuvo Nicolás Maduro
en su elección presidencial. Y si recordamos que en las parlamentarias de diciembre por la
oposición votaron 7.726.066 personas, no es difícil concluir que  de realizarse el
revocatorio en circunstancias aceptables y en los plazos normales, ésta sería una opción
válida, práctica y posible para lograr pacíficamente el cambio de gobierno.
La Asamblea Constituyente puede ser convocada, de acuerdo con el artículo 348 de la
Constitución, por el Presidente de la República, por la Asamblea Nacional con los dos
tercios de sus miembros y por iniciativa popular con el 15 por ciento de los inscritos en el
Registro Electoral. La convocatoria por la Asamblea Nacional pudiera realizarse si en ella la
oposición ejerciera la mayoría calificada que le otorgó la elección de diciembre, y que le
mantiene escamoteada el Tribunal Supremo de Justicia. De mantenerse indefinidamente
la arbitraria medida, sólo quedaría abierta a la ciudadanía impulsar la Constituyente por
iniciativa  popular, recabando un número de firmas correspondientes, al menos, al 15 por
ciento del REP.
En el Proyecto de Ley de Referendos considerado actualmente por la Asamblea Nacional,
se establece que deberá presentarse previamente a votación popular cual será el número
de constituyentistas a  elegir, así como el sistema de elección, la fecha de inicio de sus
funciones y el tiempo de ejercicio. Igualmente se deberá definir en esa consulta popular si
la Constitución que resulte de la Asamblea Constituyente, se somete o no a referendo
aprobatorio, indicando el lapso para su realización, y el mínimo de votantes requeridos
para la aprobación. La convocatoria a Constituyente se considera aprobada con efectos
legales a partir del día siguiente del anuncio oficial de los resultados del referendo; la
elección de los diputados se realizará dentro de los noventa días continuos y siguientes; y
si se estableció que la nueva Constitución debe someterse a votación popular, estas
votaciones se efectuarán en los lapsos y condiciones previamente establecidos.
La Constituyente ha sido enarbolada por distintos sectores dentro y fuera de la MUD.
Hace algún tiempo, quien esto escribe, firmó junto a un importante grupo de
compatriotas un documento en el cual exhortábamos a los partidos de la Mesa a asumir
esa opción como camino hacia la relegitimación de todos los poderes públicos. Durante
varios meses Voluntad Popular se abanderó del tema, y recientemente Omar Barboza la
asomó como una posibilidad en el caso de descartarse la enmienda constitucional.  Al
margen de la MUD, la Alianza Nacional Constituyente propone que ese proceso se realice
mediante una  Junta Activadora del Poder Constituyente Originario. 
La renuncia es una aspiración que comparte la gran mayoría del país. En todos los sondeos
de opinión la gente señala que la dimisión de Maduro ahorraría males mayores y abriría el
camino hacia la reconstrucción nacional. Pero como esa solución no está por ahora en los
planes de quien despacha desde Miraflores, para imponerla tendría que subir de tono la
protesta popular mientras continúe agravándose la situación económica y social. La
renuncia o el derrocamiento del régimen son escenarios posibles, en caso de cerrarse vías
legales y producirse una situación caótica probablemente similar, o aún más compleja y
más violenta que la del “caracazo” de 1989 y la del 11 de abril de 2002.

*Revista de Derecho Electoral, segundo semestre de 2008

LAS ALARMAS DEMOCRATICAS

Los comicios parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en
medio de características muy especiales. Por primera vez, desde el
fraudulento plebiscito de Pérez Jiménez ocurrido  en 1957, vamos a
unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente
dicha, en la que la oposición pueda exponer sus puntos de vista a
través de los medios de comunicación. El secuestro de la prensa
escrita y radioeléctrica ha permitido la progresiva liquidación del
debate público y ha impuesto un hermético silencio informativo.
Con la excepción de Cuba, nuestro país es el único en América
privado, en la práctica, del derecho  a la información y a la libre
expresión del pensamiento. Estos derechos consagrados en nuestro
constitución han sido liquidados mediante la compra de la mayoría
de los grandes rotativos nacionales y regionales, y el control casi
total de la radio y la televisión, adquirida por oficialistas o
sometidas mediante rígida censura. Apenas a través de las redes
sociales y de algunos heroicos medios, que aún resisten las
amenazas y presiones del régimen, podemos acceder
precariamente al conocimiento de los desastres que
cotidianamente sacuden a la sociedad venezolana. A esta realidad
se suma la agresiva campaña mediática caracterizada por las
amenazas y el acoso permanente, no sólo contra la disidencia
política, sino contra la ciudadanía en general. De esa manera se usa
la fuerza que da el poder para intentar doblegar al colectivo
nacional tratando de hundirle en la pasividad el hastío y la
resignación. Y a la violencia ejercida de manera permanente por el
gobierno, a través de sus organismos represivos, se suma la de la
delincuencia organizada que ha tomado posesión  de nuestra vida
cotidiana.
Así las cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social
Venezuela se dispone a asistir a una de las más importantes y
trascendentales consultas electorales de su historia. A pesar de la
imposibilidad de transmitir sus opiniones y planteamientos en los
medios de comunicación, y a pesar de los escasos recursos con los
cuales sufragar los gastos que implican las campañas electorales,
los candidatos opositores superan ampliamente a los oficialistas.
Esta verdad no ha podido ser escondida por el régimen, al punto
que Nicolás Maduro ha dicho públicamente que estas elecciones
“serán las más difíciles en la historia de la revolución”.  Igualmente,
Maduro ha declarado que el régimen está dispuesto a vencer en
esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado adverso la
revolución entraría en un proceso diferente de mayor radicalización
para impedir la pérdida del proceso socialista. En este mismo
sentido se han pronunciado los cabecillas más importantes del
Psuv, así como los ministros y otro altos funcionarios que actúan en
abierta e ilegal campaña proselitista. Y lo más grave, en la misma
comparsa participan los altos mandos militares, convertidos desde
hace tiempo  en inconstitucional brazo armado del proceso
totalitario en curso. Los canales de radio y televisión del gobierno,
incluyendo la estación televisora de la fuerza armada, dan agresivo
respaldo mediático a esta abierta manifestación de voluntad
continuista que amenaza colocarse por  encima, y si es necesario,
en contra de la voluntad de cambio que el pueblo exprese en las
urnas electorales. Además,  el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia,
la  Contraloría, el Defensor del Pueblo, y por supuesto la Fiscal
General, han respaldado de manera reiterada y permanente,  el
tejido fraudulento construido de cara al 6D, constituyéndose en el
muro institucional que protege el descarado ventajismo oficialista.
Gracias a ello, ninguno de los reclamos formulados por la Mesa de
la Unidad ante el organismo electoral han sido considerados. Por el
contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas
recientemente por Tibisay Lucena como argucias planteadas por
“grupúsculos minoritarios” destinadas a desestabilizar al país y a
desconocer de antemano los escrutinios que finalmente anuncie el
CNE
La próxima elección parlamentaria venezolana es la única consulta
comicial latinoamericana objeto de cuestionamientos por los más
importantes sectores de la comunidad internacional. En ninguna de
las votaciones celebradas recientemente en nuestro continente se
ha puesto en duda la imparcialidad de los árbitros institucionales.
En ninguna de ellas han participado los militares como
instrumentos políticos al servicio del gobierno. Y en todas  se ha
preservado la independencia de los poderes públicos y la voluntad
ejercida libremente por los ciudadanos. Por el contrario, en nuestro
caso, la precaria condición de nuestro agonizante sistema de
libertades se ha puesto en evidencia de manera cada vez más
evidente ante los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a
sectores que han sido cómplices activos o silenciosos de los
gobiernos de Hugo Chávez y de  Nicolás Maduro.
En los países integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado
sensiblemente el respaldo al gobierno de Caracas, ante las
injustificables prisiones de los dirigentes democráticos, la
represión, la censura, el acoso a la oposición, y la violación  de
derechos humanos fundamentales. Todos estos atropellos
acrecentados  en las proximidades de las elecciones del poder
legislativo.
En Brasil el Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno
de Venezuela al reconocido jurista de ese país Nelson Jobim, 
propuesto para presidir la comisión de observación  de Unasur. Es
de recodar que Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente
Lula. Como consecuencia  de estos hechos el vecino país decidió
abstenerse de participar en la misión.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en comunicación
enviada a la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay 
Lucena, afirma  que el rechazo del CNE a la observación electoral
por parte de la Organización de Estados Americanos, se
corresponde a un “posicionamiento político”. Y le advierte  en el 
extenso documento de doce cuartillas, que sin la observación con
plenas garantías “usted estará faltando a obligaciones que hacen  a
la esencia de las garantías que debe otorgar”. Dice además que las
elecciones venezolanas se preparan en “un terreno de juego
desnivelado”, y que “las condiciones no están garantizadas al nivel
de transparencia y justicia”. Mientras tanto, el candidato de
oposición en Argentina Mauricio Macri ha anunciado que luego
ganar la presidencia, solicitará la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana a nuestro país, debido a la reiterada violación de
sus principios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de estos factores que van conduciendole  a un
aislamiento cada vez mayor, el gobierno parece decidido a
enfrentar la adversidad profundizando la cuota de violencia y de
hostilidad que siempre le ha caracterizado. Sólo que ahora el
régimen  tiene ante   sí un adversario desconocido, al que le va
resultando imposible dominar. Estas elecciones del 6D no las
deciden las tareas proselitistas, ni las campañas partidistas que en
nuestra vida democrática hemos protagonizado los venezolanos. Es
la descomposición de nuestra vida económica y social, con sus
terribles consecuencias sobre las grandes mayorías, la que está
marcando el camino político de la nación. Para Venezuela las
elecciones parlamentarias aparecen hoy como una última
esperanza de conducir por vías pacíficas la recuperación del país.
Las amenazas que desde Miraflores y desde los otros centros de
poder nos lanza el oficialismo, parecieran conducir a la
implementación de mecanismos que permitan adulterar el
resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a una
derrota segura. Es la opción de una cúpula oficialista acorralada por
el repudio que se extiende más allá de nuestras fronteras, y que se
traduce en solidaridad activa con la causa de la libertad venezolana.
Por ello, al acercarse el día decisivo, suenan las alarmas
democráticas.  
Noviembre 2015.

COLOMBIA, CUANDO EL ESTADO SE RINDE .

                                              JULIO CESAR MORENO LEON. Octubre 2015
En el acto realizado en la Habana el día 24 de septiembre, con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el gobierno colombiano y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia la paz. Y el día  30 afirmó, en declaraciones concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar a  los guerrilleros responsables de los crímenes de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000 muertes”.
En esas declaraciones el primer mandatario colombiano justifica “sacrificar algo de justicia, como un precio razonable, porque la alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que sólo un pequeño sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está absolutamente convencido del compromiso de las FARC con la paz.
Estos pronunciamientos han encontrado el más amplio respaldo de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El Presidente Obama, en medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de Estados Unidos a la etapa del posconflicto.  El Secretario de Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá del combate contra la criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en Nueva York, declaró el 2 de octubre a favor de la sustitución de los cultivos de coca, y planteó la necesidad de llevar adelante planes que permitan la reconstrucción del tejido social. En esa misma oportunidad el mandatario colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy  protegen carteles y cultivos de coca cambiarán de bando”.
El Secretario General de Naciones Unidas manifestó  su complacencia por el encuentro de la Habana entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a Raúl Castro el aporte dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC, UNION EUROPEA, así como las cancillerías de prácticamente todos los países han apoyado sin reservas las iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco durante la misa celebrada en la plaza de la revolución cubana, llamó a no permitir otro fracaso y confesó a los periodistas que le acompañaron en su gira por la isla que ha intervenido activamente estimulando el desarrollo de los complejos debates.
Sin embargo, a pesar de los importantes factores que concurren a apoyar los términos pactados para desmontar la confrontación armada, sectores significativos de la sociedad colombiana han condenado lo que consideran la rendición del Estado ante el chantaje armado de un grupo criminal que hasta el último momento continuó ejecutando sus abominables actos terroristas, y no parece dispuesto a arrepentirse de ellos.
 La Defensoría  del Pueblo contabilizó de mayo a junio de este año, mientras se realizaban las reuniones en la capital cubana, la comisión de 64 actos criminales materializados en ataques a infraestructura eléctrica y a  oleoductos que dejaron sin agua y sin luz a cientos de miles de personas, causaron graves daños al medio ambiente y  ocasionaron millonarias pérdidas económicas y de infraestructura. En esas acciones fueron asesinados  9 policías, se interceptaron y atacaron con explosivos a vehículos particulares, ambulancias y transportes colectivos que circulaban en las carreteras, se interceptaron camiones cargados con crudo, se derramó su contenido en las vías por donde circulaban estos transportes, y se continuó el reclutamiento forzado de adolescentes.  
Los críticos del proceso de paz indican, entre  otros cuestionamientos, que ninguno de los lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios. Iván Márquez uno de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia de 40 años de cárcel, 117 órdenes de captura por secuestros,  rebelión, homicidio agravado y desapariciones forzadas ha señalado que no hay víctimas de las FARC sino  “victimas del conflicto”.
 Márquez, por cierto, aparece ante los ojos del Departamento de Estado como  peligroso capo de la droga, a quien se le atribuye ser el encargado de supervisar la carga de aviones que transportan cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra como parte de pago.
Recientemente Timochenko declaró a Piedad Córdova en entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus delitos, y confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se preparaba un plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos de paz”.  En ese mismo programa, el comandante de las FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos y Chávez en su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la frontera venezolana. Dice que la  primera de  tres reuniones que  tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del grupo armado,  acudió a esa cita propuesta por Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero Mauricio Jaramillo.
“Santos le pide a Chávez que hable conmigo, tras la muerte de Alfonso Cano, buscando  garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo de un lugar cercado por el ejército”, reveló Timochenko en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba. De esa manera, el hoy máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que Uribe denunció en la OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos terroristas en suelo venezolano. Campamentos en los que, con la protección de nuestro ejército y el visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó  la seguridad de los narco subversivos mientras se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC continuó,  y  continúa utilizando nuestro territorio para el tráfico de drogas y otras acciones delictivas en abierta violación de nuestra soberanía.
Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados internacionales y la FARC manifiestan su confianza en  el camino emprendido, importantes sectores políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin duda el punto más conflictivo que  enturbia el horizonte.
Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “justicia transicional”. Según el ex magistrado  de la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y principios fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos tribunales, se advierte que sus integrantes  serán escogidos mediante acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los criminales tendrán la potestad de participar en la escogencia de sus jueces.
Además, el anuncio de la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a conocer luego de la reunión Santos Timochenko,  deja abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades utilizadas como medios para financiar la guerrilla.
Otro de los temas controversiales es el relacionado con las sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales. El documento de la Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan los crímenes cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal propuesta ha declarado que “las penas deben ser proporcionales al crimen y a las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado que el texto suscrito es ambiguo en lo que se  refiere a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos pueden terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país, o la realización de trabajos comunitarios.
Por su parte la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.
En lo que algunos analistas han considerado “un campanazo” al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las instituciones neogranadinas que “una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos cometidos y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En estos casos, advierte, la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un país frente a graves violaciones del derecho internacional”.
 Vistos los hechos, pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a transitar Colombia lejos de promoverse consensos, por el contrario se profundizan  graves desencuentros entre las instituciones y partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a nivel internacional no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón que se pretende otorgar a los líderes de la FARC.
 Con suficientes razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber detenido la derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el ejército a partir de 2002 y hasta el 2010,  acompañadas por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la seguridad a la ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a todas las  organizaciones alzadas en armas.  Sin duda, a partir de entonces el Estado derrotaba a la insurrección  y le conducía a una rendición inevitable. La exitosa política de seguridad democrática convirtió a Álvaro Uribe en el líder de mayor respaldo popular de  Colombia en las últimas décadas. Gracias a él comienza a cambiar positivamente la violenta historia del  país, y sobre esa plataforma su Delfín Juan Manuel Santos logró la Presidencia de la República.
Hoy, las encuestas de opinión ponen de manifiesto algunos elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en relación con los términos en los que deberá concretarse  la anhelada paz y la desmovilización de las guerrillas. Son datos sobre los cuales gravitará el rechazo o el respaldo a las medidas que finalmente se decidan implementar. El 24 de septiembre fueron dados a conocer los resultados de la medición realizadas por la empresa DATEXCO contratada por el diario ELTIEMPO, en la que el 63,2 por ciento es contrario a que los involucrados en delitos de lesa humanidad, reciban penas tan sólo de 5 a 8 años a cambio de verdad y reparación, mientras el 69 por ciento no cree que los acuerdos suscritos garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.
 Esos indicadores señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar impunidad por paz. Por lo tanto, está por verse de que manera el gobierno de Juan Manuel Santos será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en los sectores democráticos del país que le de piso estable a los acuerdos. O si, por el contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de la dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la rendición del Estado  y la victoria política de los responsables fundamentales  de la tragedia colombiana.