LAS ALARMAS DEMOCRATICAS

Los comicios parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en
medio de características muy especiales. Por primera vez, desde el
fraudulento plebiscito de Pérez Jiménez ocurrido  en 1957, vamos a
unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente
dicha, en la que la oposición pueda exponer sus puntos de vista a
través de los medios de comunicación. El secuestro de la prensa
escrita y radioeléctrica ha permitido la progresiva liquidación del
debate público y ha impuesto un hermético silencio informativo.
Con la excepción de Cuba, nuestro país es el único en América
privado, en la práctica, del derecho  a la información y a la libre
expresión del pensamiento. Estos derechos consagrados en nuestro
constitución han sido liquidados mediante la compra de la mayoría
de los grandes rotativos nacionales y regionales, y el control casi
total de la radio y la televisión, adquirida por oficialistas o
sometidas mediante rígida censura. Apenas a través de las redes
sociales y de algunos heroicos medios, que aún resisten las
amenazas y presiones del régimen, podemos acceder
precariamente al conocimiento de los desastres que
cotidianamente sacuden a la sociedad venezolana. A esta realidad
se suma la agresiva campaña mediática caracterizada por las
amenazas y el acoso permanente, no sólo contra la disidencia
política, sino contra la ciudadanía en general. De esa manera se usa
la fuerza que da el poder para intentar doblegar al colectivo
nacional tratando de hundirle en la pasividad el hastío y la
resignación. Y a la violencia ejercida de manera permanente por el
gobierno, a través de sus organismos represivos, se suma la de la
delincuencia organizada que ha tomado posesión  de nuestra vida
cotidiana.
Así las cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social
Venezuela se dispone a asistir a una de las más importantes y
trascendentales consultas electorales de su historia. A pesar de la
imposibilidad de transmitir sus opiniones y planteamientos en los
medios de comunicación, y a pesar de los escasos recursos con los
cuales sufragar los gastos que implican las campañas electorales,
los candidatos opositores superan ampliamente a los oficialistas.
Esta verdad no ha podido ser escondida por el régimen, al punto
que Nicolás Maduro ha dicho públicamente que estas elecciones
“serán las más difíciles en la historia de la revolución”.  Igualmente,
Maduro ha declarado que el régimen está dispuesto a vencer en
esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado adverso la
revolución entraría en un proceso diferente de mayor radicalización
para impedir la pérdida del proceso socialista. En este mismo
sentido se han pronunciado los cabecillas más importantes del
Psuv, así como los ministros y otro altos funcionarios que actúan en
abierta e ilegal campaña proselitista. Y lo más grave, en la misma
comparsa participan los altos mandos militares, convertidos desde
hace tiempo  en inconstitucional brazo armado del proceso
totalitario en curso. Los canales de radio y televisión del gobierno,
incluyendo la estación televisora de la fuerza armada, dan agresivo
respaldo mediático a esta abierta manifestación de voluntad
continuista que amenaza colocarse por  encima, y si es necesario,
en contra de la voluntad de cambio que el pueblo exprese en las
urnas electorales. Además,  el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia,
la  Contraloría, el Defensor del Pueblo, y por supuesto la Fiscal
General, han respaldado de manera reiterada y permanente,  el
tejido fraudulento construido de cara al 6D, constituyéndose en el
muro institucional que protege el descarado ventajismo oficialista.
Gracias a ello, ninguno de los reclamos formulados por la Mesa de
la Unidad ante el organismo electoral han sido considerados. Por el
contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas
recientemente por Tibisay Lucena como argucias planteadas por
“grupúsculos minoritarios” destinadas a desestabilizar al país y a
desconocer de antemano los escrutinios que finalmente anuncie el
CNE
La próxima elección parlamentaria venezolana es la única consulta
comicial latinoamericana objeto de cuestionamientos por los más
importantes sectores de la comunidad internacional. En ninguna de
las votaciones celebradas recientemente en nuestro continente se
ha puesto en duda la imparcialidad de los árbitros institucionales.
En ninguna de ellas han participado los militares como
instrumentos políticos al servicio del gobierno. Y en todas  se ha
preservado la independencia de los poderes públicos y la voluntad
ejercida libremente por los ciudadanos. Por el contrario, en nuestro
caso, la precaria condición de nuestro agonizante sistema de
libertades se ha puesto en evidencia de manera cada vez más
evidente ante los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a
sectores que han sido cómplices activos o silenciosos de los
gobiernos de Hugo Chávez y de  Nicolás Maduro.
En los países integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado
sensiblemente el respaldo al gobierno de Caracas, ante las
injustificables prisiones de los dirigentes democráticos, la
represión, la censura, el acoso a la oposición, y la violación  de
derechos humanos fundamentales. Todos estos atropellos
acrecentados  en las proximidades de las elecciones del poder
legislativo.
En Brasil el Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno
de Venezuela al reconocido jurista de ese país Nelson Jobim, 
propuesto para presidir la comisión de observación  de Unasur. Es
de recodar que Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente
Lula. Como consecuencia  de estos hechos el vecino país decidió
abstenerse de participar en la misión.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en comunicación
enviada a la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay 
Lucena, afirma  que el rechazo del CNE a la observación electoral
por parte de la Organización de Estados Americanos, se
corresponde a un “posicionamiento político”. Y le advierte  en el 
extenso documento de doce cuartillas, que sin la observación con
plenas garantías “usted estará faltando a obligaciones que hacen  a
la esencia de las garantías que debe otorgar”. Dice además que las
elecciones venezolanas se preparan en “un terreno de juego
desnivelado”, y que “las condiciones no están garantizadas al nivel
de transparencia y justicia”. Mientras tanto, el candidato de
oposición en Argentina Mauricio Macri ha anunciado que luego
ganar la presidencia, solicitará la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana a nuestro país, debido a la reiterada violación de
sus principios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de estos factores que van conduciendole  a un
aislamiento cada vez mayor, el gobierno parece decidido a
enfrentar la adversidad profundizando la cuota de violencia y de
hostilidad que siempre le ha caracterizado. Sólo que ahora el
régimen  tiene ante   sí un adversario desconocido, al que le va
resultando imposible dominar. Estas elecciones del 6D no las
deciden las tareas proselitistas, ni las campañas partidistas que en
nuestra vida democrática hemos protagonizado los venezolanos. Es
la descomposición de nuestra vida económica y social, con sus
terribles consecuencias sobre las grandes mayorías, la que está
marcando el camino político de la nación. Para Venezuela las
elecciones parlamentarias aparecen hoy como una última
esperanza de conducir por vías pacíficas la recuperación del país.
Las amenazas que desde Miraflores y desde los otros centros de
poder nos lanza el oficialismo, parecieran conducir a la
implementación de mecanismos que permitan adulterar el
resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a una
derrota segura. Es la opción de una cúpula oficialista acorralada por
el repudio que se extiende más allá de nuestras fronteras, y que se
traduce en solidaridad activa con la causa de la libertad venezolana.
Por ello, al acercarse el día decisivo, suenan las alarmas
democráticas.  
Noviembre 2015.